Siria, ausente de su examen periódico ante el Comité de la ONU contra la Tortura
El presidente del Comité de la ONU contra la Tortura, Claudio Grossman. EFE/Archivo
SIRIA TORTURA
Ginebra, 15 may (EFE).- El Gobierno de Siria no acudió hoy a su examen periódico ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) al considerar que se le ha prejuzgado con razones políticas, en un momento en el que el país sufre un grave conflicto interno.
Siria debía haber presentado un informe ante el Comité contra la Tortura, que según explicó el presidente de este órgano, el chileno Claudio Grossman, no se ha recibido, pese a que “el artículo 19.1 de la Convención Internacional contra la Tortura establece de manera clara que los Estados miembros tienen que enviar información”.
La misión siria ante la ONU en Ginebra envió una comunicación al CAT, en la que expresó su sorpresa por la convocatoria de una reunión sin contar con la aquiescencia del Estado implicado y recordó que hace dos años el Gobierno de Damasco ya presentó un extenso informe sobre la situación de la tortura en el país.
La convocatoria de esta sesión del CAT, expresó la embajada, “se basa en meras alegaciones a las que se da crédito desde el Comité”, razón por la cual “Siria cree que el CAT ya tiene una opinión formada basada en información incorrecta y fabricada”.
Siria denunció también al CAT por “arrogarse la autoridad para convocar a un Estado que firmó voluntariamente la Convención contra la Tortura” y por “imponer un hecho consumado (la celebración de la reunión) sobre un Estado soberano, algo inaceptable”.
Grossman explicó que la información que maneja el CAT proviene de diversas fuentes, entre ellas la comisión internacional independiente de investigación auspiciada por la ONU, que denunció continuas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Siria por parte de las fuerzas gubernamentales y de la oposición.
El presidente del CAT reiteró la “preocupación por la situación en Siria, porque las informaciones recibidas y analizadas muestran que en el país se produce una aplicación extendida y sistemática de la tortura, una práctica que en numerosos casos forma parte de una política de Estado, lo que implica una responsabilidad penal”.
