• Los Latinos están molestos por la estrategia del Senado para ganar votos de los conservadores y los moderados
• Latinos shaken by Senate gambit to win conservative and moderate votes

 Traducción: Javier Ruiz Palafox

WASHINGTON — El ultimo perdedor en el pandemonio político sobre la reforma de salud son lo inmigrantes que viven en los Estados Unidos, un estimado de 24 millones de personas serán negociadas para obtener apoyo en el Congreso de parte de los conservadores y los demócratas moderados que se mantienen distantes.

De la misma manera que los líderes demócratas sacrificaron, la semana pasada, los deseos de los activistas de los derechos del aborto en una exitosa estrategia implementada para obtener los votos de los demócratas antiabortistas, el liderazgo del Senado ha incluido previsiones en su propuesta de reforma de salud para que se impida cualquier ayuda a inmigrantes ilegales y para que se restringa la asistencia a los inmigrantes legales que residan en los Estados Unidos.

El titubeo para incluir a los inmigrantes tiene importantes implicaciones para estados como Texas, el cual tiene el número más alto de éstos sin seguro de todo el país—al menos 1.5 millones de personas, algunos residentes permanentes legales, algunos no, de acuerdo con un estudio del, favorable a la inmigración, Instituto de Políticas Migratorias de Washington.

Las concesiones a los críticos de la inmigración han molestado a los grupos de los derechos de los Latinos, quiénes han estado apoyando fuertemente a los intentos de los demócratas para hacer pasar la reforma al sistema de salud.

“La enfermedades no conocen fronteras”, dijo Elena Ríos, presidente de la Asociación Médica Nacional Hispana. “La mejor idea sería que todo mundo tuviese acceso a los cuidados para la salud”.

Más severa que la Ley de la Cámara de Representantes

Los representantes hispanos de la Cámara—sólo hay uno en el Senado—están furiosos. El Representante Luis Gutiérrez, D-Ill, llamó a las previsiones del Senado como “malintencionadas” y “deshumanizadas”.

Pero los líderes demócratas del Senado sienten que tienen muy pocas opciones si no hacen concesiones. Sin republicanos apoyando el plan que el líder de la mayoría Harry Reid develó el miércoles (Nov. 18), se necesitan todos los 58 demócratas y los dos independientes alineados con los primeros para demostrar unidad previniendo un ataque filibustero del GOP que matase cualquier intento de reforma. El resultado: demócratas moderado-conservadores como Ben Nelson de Nebraska, Blanche Lincoln de Arkansas y Marie Landrieu de Louisiana junto con el independiente por Connecticut, tiene poder de veto efectivo contra la reforma de salud.

Ninguno de esos senadores representa a estados con grandes cantidades de migrantes, de acuerdo con la cadena de periódicos McClatchy, Nelson dijo el viernes (Nov. 20) que el voto a favor de la discusión de la ley pero que advirtió que su voto “no es a favor ni en contra de la nueva propuesta del Senado para la reforma de salud…es sólo el inicio del debate y una oportunidad para hacerle mejoras”.

Landrieu y Lincoln, quiénes se mantienen en una posición más reacia, se dijeron sin decisión.

Una mirada a la legislación

Los perdedores, al menos en la legislación escrita por Reid, son los inmigrantes.

Igual que en la versión recientemente aprobada por la Cámara de Representantes. La ley del Senado negaría subsidios federales para ayudar a que los inmigrantes ilegales compren un seguro. Pero la ley del Senado va más allá, impidiendo  que los inmigrantes indocumentados puedan participar en el mercado de los seguros—aún si lo pagasen solamente con dinero de ellos.

La versión del Senado también penaliza a los inmigrantes legales, imponiendo cinco años de espera para aquellos residentes legales que no tienen la ciudadanía americana para que puedan acceder a subsidios federales. La medida de la Cámara ha permitido que algunos residentes permanentes de bajo presupuesto puedan obtener subsidios del gobierno para poder sufragar los costos del seguro.

Los proveedores médicos de ciudades como Houston piensan que no sólo los inmigrantes serán víctimas finales del plan del Senado para mantenerlos fuera del alcance de doctores sino también los contribuyentes porque esta medida los derivará directamente a las salas de emergencia de los hospitales.

“Estos problemas no van a desaparecer” a menos que los inmigrantes puedan obtener acceso a los médicos familiares en vez de utilizar a las alas de emergencia como un último recurso, dijo David López, CEO del Distrito Hospitalario de Condado de Harris. “Yo pienso que este problema debe resolverse ahora”.

La profunda recesión de los Estados Unidos y la violenta reacción regional contra los inmigrantes en los conservadores estados sureños hace que el asunto sea políticamente explosivo.

“El buen humor de la ciudadanía, de frente a un pródigo gasto público para gente que no tiene derecho para estar en el país, ha terminado”, dijo Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración, un grupo basado en Washington que apoya limitar ésta.

Texas tiene el número más alto de inmigrantes en la nación, con 54% de residentes permanentes legales sin seguro y 70 por ciento de inmigrantes ilegales sin cobertura de salud, de acuerdo con un estudio de octubre hecho por el Instituto de Políticas Migratorias con sede en Washington.  

‘En el punto de ruptura’

De los 6 millones sin seguro de Texas, alrededor 1.5 millones no son ciudadanos, dijo Anne Dunkelberg, directora asociada para el Centro de Prioridades de Política Pública en Austin. Cerca de 900,000 a un millón de ellos están ilegalmente en el país mientras que el resto son residentes permanentes.

La cobertura de seguro de salud para inmigrantes estaba soterrada en las discusiones tempranas del debate de la reforma y muchos grupos Latinos se quedaron a la sombra en una apuesta para evitar un argumento público más amargo sobre la política migratoria. Pero el asunto explotó a nivel nacional en septiembre cuando el Representante Joe Wilson, R-SC, le gritó “¡usted miente!” al Presidente Obama cuando éste hablaba en una sesión conjunta de Congreso, prometiendo que la reforma a la ley de salud “no se aplicaría a aquellos que permanecen ilegales en el país”.

“Nuestro sistema de cuidados de la salud se encuentra en condiciones críticas como resultado de la deuda incurrida por todos que viven aquí ilegalmente”, dijo el Representante Ted Poe R-TX. “Estamos en un punto de ruptura ocasionado por el abuso y, simplemente, no podemos  continuar con ello”.

ENGLISH

WASHINGTON — The latest loser in the political pandemonium over health care reform may be immigrants living in America, an estimated 24 million people likely to be bartered in order to win support in Congress from fence-sitting Democratic moderates and conservatives.

Just as House Democratic leaders sacrificed the wishes of abortion-rights activists in a successful gambit to win the votes of anti-abortion Democrats last week, the Senate leadership has included provisions in its health care proposal that would bar any aid to illegal immigrants and would restrict assistance to immigrants residing legally in the United States.

The hesitation to include more immigrants has substantial implications for states like Texas, which has the highest number of uninsured immigrants in the country — at least 1.5 million people, some legal permanent residents, some not, according to an October study by the pro-immigration Migration Policy Institute in Washington.

The concessions to immigration critics have shaken Latino rights groups, who have strongly backed Democratic attempts to overhaul the American health care system.

“Diseases know no boundaries,” says Elena Rios, president of the National Hispanic Medical Association. “The best idea would be to have everyone have health care.”

Tougher than House bill

Hispanic members of the House — there are none in the Senate — are furious. Rep. Luis Gutierrez, D-Ill., calls the Senate provisions “mean-spirited” and “dehumanizing.”

But Senate Democratic leaders feel they have little choice but to make concessions. With no Republicans voicing support for the plan Majority Leader Harry Reid unveiled Wednesday (Nov. 18), they need all 58 Democrats and both independents to side with them in a procedural showdown today to prevent a GOP filibuster that would kill any hope of reform. The result: Moderate-to-conservative Democrats such as Ben Nelson of Nebraska, Blanche Lincoln of Arkansas and Mary Landrieu of Louisiana, along with independent Joe Lieberman of Connecticut, effectively have veto power over the bill.

None of those senators represents states with large immigrant populations. According to McClatchy Newspapers, Nelson said Friday (Nov. 20) that he’d vote to proceed, but stressed that his vote “is not for or against the new Senate health care bill. … It is only to begin debate and an opportunity to make improvements.”

Landrieu and Lincoln, who is seen as the most reluctant holdout, remain undecided.

A look at the legislation

The losers, at least in the legislation as written by Reid, are immigrants.

Like the recently approved House version, the Senate bill would deny federal subsidies to help illegal immigrants buy insurance. But the Senate bill goes further, barring undocumented immigrants from participating in health insurance exchanges — even if they pay full price with their own funds.

The Senate also penalizes legal immigrants, imposing a five-year waiting period before legal residents who are not citizens can access any federal subsidies. The House measure had allowed some low-income, permanent residents to obtain government subsidies to defray health insurance costs.

Medical providers in cities like Houston think that not only immigrants but also taxpayers will be the ultimate victims of a plan that would keep immigrants away from primary doctors and funnel them to public hospitals’ emergency rooms.

“Those problems are not going to go away” unless immigrants can obtain access to primary-care physicians rather than using emergency rooms as a first resort, said David Lopez, CEO of the Harris County Hospital District. “I think it needs to be addressed now.”

America’s deep recession and a regional backlash against immigrants in socially conservative Southern states make the issue politically explosive.

“Public mood for lavish public spending for people who have no right to be in the country has ended,” said Dan Stein, president of the Washington-based Federation for American Immigration Reform, which supports immigration limitations.

Texas has the highest number of uninsured immigrants in the nation, with 54 percent of legal permanent residents uninsured and 70 percent of illegal immigrants’ uninsured, according to an October study by the Migration Policy Institute in Washington.

‘At the breaking point’

Of Texas’ 6 million uninsured residents, about 1.5 million are not citizens, said Anne Dunkelberg, associate director of the Center for Public Policy Priorities in Austin. About 900,000 to 1 million of those are in the country illegally, while the rest are legal permanent residents.

Health insurance coverage for immigrants was an undercurrent early in the health- reform debate, and many Latino groups remained in the background in a bid to avoid bitter public argument over immigration policy. But the issue burst onto the national stage in September when Rep. Joe Wilson, R-S.C., shouted “You lie!” after President Barack Obama — speaking to a joint session of Congress — promised that health care reforms “would not apply to those who are here illegally.”

“Our health care system is in critical condition as a result of the debt incurred by those living here illegally,” said Rep. Ted Poe, R-TX. “We are at the breaking point now because of this abuse, and we simply cannot afford to continue this.”