ACLU y otras organizaciones buscan detener nueva ley que convertiría la inmigración irregular en un delito estatal - La Prensa Latina Media
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ACLU y otras organizaciones buscan detener nueva ley que convertiría la inmigración irregular en un delito estatal

(LPL) – Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigrantes presentó una demanda federal para impedir

ACLU y otras organizaciones buscan detener nueva ley que convertiría la inmigración irregular en un delito estatal

(LPL) – Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles e inmigrantes presentó una demanda federal para impedir la entrada en vigor de una nueva ley de Tennessee que convertiría la permanencia de ciertos inmigrantes sin estatus legal en un delito bajo la legislación estatal. La acción legal fue presentada antes de que la medida comience a aplicarse el próximo 1 de julio.

La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el National Immigration Law Center y otras organizaciones en representación de varios residentes afectados. Los demandantes argumentan que la ley invade facultades que corresponden exclusivamente al gobierno federal, ya que la regulación de la inmigración ha sido históricamente una responsabilidad de las autoridades federales y no de los estados.

La legislación establece que ciertos inmigrantes sin autorización legal para permanecer en Estados Unidos podrían enfrentar cargos penales estatales simplemente por permanecer en Tennessee después de un período determinado. Quienes impulsaron la medida sostienen que busca reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias y atender preocupaciones relacionadas con la seguridad pública y el uso de recursos estatales.

Sin embargo, los grupos que presentaron la demanda afirman que la ley es inconstitucional y podría provocar detenciones indebidas, discriminación y conflictos con la legislación federal de inmigración. También argumentan que la norma podría afectar a personas que tienen procesos migratorios pendientes o algún tipo de protección temporal otorgada por el gobierno federal.

El caso será analizado por un tribunal federal, que deberá determinar si la ley puede entrar en vigor mientras continúa el proceso judicial. Los demandantes solicitaron una orden que suspenda temporalmente su aplicación hasta que se resuelva el litigio.

La demanda representa el más reciente capítulo en el debate sobre el papel que deben desempeñar los estados en la aplicación de las leyes migratorias, un tema que ha generado múltiples desafíos judiciales en distintas partes del país.

English:

ACLU and other organizations seek to halt new law making irregular immigration a state crime

(LPL) – A coalition of civil rights and immigrant advocacy organizations has filed a federal lawsuit to block a new Tennessee law that would make it a state crime for certain immigrants without legal status to remain in the state. The legal action was filed ahead of the measure’s scheduled implementation on July 1.

The lawsuit was filed by the American Civil Liberties Union (ACLU), the National Immigration Law Center, and other organizations on behalf of several affected residents. The plaintiffs argue that the law encroaches upon powers reserved exclusively for the federal government, as immigration regulation has historically been the responsibility of federal authorities rather than individual states.

The legislation stipulates that certain immigrants lacking legal authorization to remain in the United States could face state criminal charges simply for staying in Tennessee beyond a specified period. Proponents of the measure maintain that it aims to strengthen immigration law enforcement and address concerns regarding public safety and the use of state resources.

However, the groups filing the lawsuit assert that the law is unconstitutional and could lead to wrongful arrests, discrimination, and conflicts with federal immigration law. They also argue that the measure could affect individuals with pending immigration proceedings or those holding some form of temporary protection granted by the federal government.

The case will be heard by a federal court, which must determine whether the law can take effect while the legal proceedings continue. The plaintiffs have requested an order temporarily halting the law’s enforcement until the litigation is resolved.

This lawsuit marks the latest chapter in the debate over the role states should play in enforcing immigration laws—an issue that has sparked numerous legal challenges across the country.


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