Entendiendo el Permiso Anticipado de Reingreso: Qué es, Cuándo se Puede Utilizar y Cómo se Aplica la Nueva Tarifa de $1,000

(Frager Law Firm) – El permiso anticipado de reingreso es un mecanismo migratorio crucial, aunque a menudo malinterpretado, que permite a ciertos extranjeros en Estados Unidos viajar al extranjero y regresar sin poner en riesgo su estatus migratorio. Si bien puede parecer una simple autorización de viaje, sus implicaciones legales son significativas.

El Permiso de Permanencia temporal Militar (PIP, por sus siglas en inglés) también es un mecanismo migratorio crucial, un programa discrecional que permite a los ciudadanos estadounidenses otorgar estatus legal a ciertos familiares que se encuentran en Estados Unidos sin autorización. Los familiares elegibles son cónyuges, padres e hijos de un miembro militar calificado (en servicio activo, en la Reserva Selecta o veterano). Si se aprueba, los solicitantes pueden recibir un documento de permiso que les permitirá obtener un permiso de trabajo y solicitar el ajuste de estatus si cumplen con los demás requisitos.

Con los recientes cambios regulatorios que introducen una nueva tarifa de $1,000 dolares, es más importante que nunca comprender quiénes reúnen los requisitos para obtener permiso anticipado de reingreso o el permiso de permanencia temporal militar, cuándo se puede utilizar y cómo afecta este nuevo costo a los solicitantes.

En esencia, el permiso anticipado de reingreso es una autorización otorgada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que necesitan salir del país temporalmente, pero que aún no tienen la residencia permanente. Les permite salir de Estados Unidos y reingresar legalmente. Para muchos inmigrantes, el permiso anticipado de reingreso les permite visitar su país de origen mientras tramitan los largos procesos de inmigración. Su uso más común es para quienes han solicitado el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente legal. Sin el permiso anticipado de reingreso, salir del país antes de que se apruebe la residencia se consideraría un abandono de la solicitud. En estos casos, el permiso anticipado de reingreso garantiza que los solicitantes puedan viajar al extranjero por emergencias o motivos personales sin poner en riesgo su proceso de residencia.

Además de los solicitantes de ajuste de estatus, el permiso anticipado de reingreso también puede otorgarse a beneficiarios de DACA, TPS o personas con otros tipos de estatus migratorio que puedan demostrar una necesidad imperiosa de viajar. Visitar a un familiar enfermo es un buen ejemplo de necesidad imperiosa. Sin embargo, incluso con un documento de viaje aprobado, el reingreso no está garantizado. Al regresar a Estados Unidos, los viajeros con permiso anticipado de reingreso deben someterse a inspección y admisión por parte de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en un puerto de entrada, quienes se reservan el derecho de permitir o denegar la entrada según las circunstancias.

A partir del 16 de octubre de 2025, el DHS implementó una nueva política importante: una tarifa de $1,000 para el permiso de reingreso migratorio. Es importante destacar que este pago de $1,000 es independiente de cualquier tarifa de presentación o cargo biométrico del USCIS. Generalmente se cobra después de la aprobación del permiso, no al momento de la presentación. En otras palabras, una vez que la solicitud de permiso anticipado de reingreso de un solicitante haya sido aprobada condicionalmente, el USCIS emitirá una notificación exigiendo el pago de la tarifa antes de que la concesión entre en vigor o requerirá que el pago se realice en un puerto de entrada. Si no se realiza el pago, el permiso anticipado de reingreso no se finalizará, lo que podría retrasar o cancelar la autorización de viaje. La tarifa también se ajustará anualmente por inflación a partir del año fiscal 2025.

La introducción de esta nueva tarifa refleja una tendencia general hacia el endurecimiento del proceso de permiso anticipado de reingreso y un aumento en las tarifas de solicitud en general. Es importante saber que si a una persona se le aprueba el permiso anticipado de reingreso por cualquier motivo, como visitar a un familiar enfermo, es posible que deba demostrar posteriormente que efectivamente visitó a dicho familiar (fotografías con el familiar enfermo, registros de visitas al hospital, etc.). De lo contrario, el gobierno podría considerar fraudulento ese viaje con permiso anticipado de reingreso. El permiso anticipado de reingreso puede solucionar el problema que muchos tienen para ajustar su estatus en los Estados Unidos, al convertir su última entrada en una entrada legal. Un ejemplo de esto es cuando una persona se casa con un ciudadano estadounidense. Para ajustar su estatus migratorio (obtener la residencia permanente) en Estados Unidos, la mayoría de las personas deben demostrar que su último ingreso fue legal. En este caso, si el último ingreso de una persona fue con permiso anticipado de reingreso (Advanced Parole), entonces dicho ingreso fue legal y podría ajustar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Antes de viajar al extranjero, los solicitantes deben confirmar que su permiso anticipado de reingreso ha sido aprobado en su totalidad y que cumplen con la nueva tarifa de $1,000 o cualquier otra condición nueva. Consultar con un abogado de inmigración con experiencia puede ayudar a aclarar los requisitos de elegibilidad, evitar el abandono involuntario de la solicitud y garantizar el cumplimiento de los requisitos más recientes del USCIS. Dado que la política migratoria continúa evolucionando, mantenerse informado sobre estos cambios puede marcar la diferencia en el proceso de permiso de reingreso anticipado.

English:

Understanding Advanced Parole: What It Is, When You Can Use It, and How the New $1,000 Fee Applies

(Frager Law Firm) – Advance parole is a critical yet often misunderstood immigration mechanism that allows certain noncitizens in the United States to travel abroad and return without jeopardizing their immigration status. While it may sound like a simple travel authorization, its legal implications are significant.

Military parole in place (PIP) is also a critical immigration mechanism that is a discretionary program that allows U.S. citizens to grant legal status to certain family members who are in the United States without authorization. Eligible family members are spouses, parents and children of a qualifying military member (active-duty, Selected Reserve, or veteran). If approved, applicants may receive a parole document which will allow the applicant to obtain a work authorization document and apply for adjustment of status if otherwise eligible.

With recent regulatory changes introducing a new $1,000 parole fee, it’s more important than ever to understand who qualifies for advance parole or military parole in place, when it can be used, and how this new cost affects applicants.

At its core, advance parole is a form of permission granted by U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to noncitizens who need to leave the country temporarily but do not yet have permanent resident status. It allows them to depart the United States and re-enter lawfully.  For many immigrants, advance parole serves as an option to visit their home country while navigating lengthy immigration processes. The most common use is for applicants who have filed for adjustment of status, to become lawful permanent residents. Without advance parole, leaving the country before the green card is approved would be considered an abandonment of the application. In such cases, advance parole ensures that applicants can travel abroad for emergencies or personal reasons without risking their path to residency.

In addition to adjustment-of-status applicants, advance parole may also be granted to DACA recipients, TPS recipients or individuals in other types of immigration status who can demonstrate a compelling need to travel. Visiting a sick family member is a good example of compelling need. However, even with an approved travel document, re-entry is not guaranteed. When returning to the United States, travelers with advanced parole must still undergo inspection and admission by U.S. Customs and Border Protection officers at a port of entry, who retain discretion to allow or deny entry based on the circumstances.

As of October 16, 2025, DHS has introduced a significant new policy: a $1,000 immigration parole fee.  Importantly, this $1,000 payment is separate from any existing USCIS filing fees or biometrics charges. It is typically collected after parole approval rather than at the time of filing. In other words, once an applicant’s parole request has been conditionally approved, USCIS will issue a notice requiring payment of the fee before the grant becomes effective or require payment be due at a port-of-entry. Failure to pay means the parole will not be finalized, potentially delaying or canceling travel authorization. The fee is also set to be adjusted annually for inflation beginning after the 2025 fiscal year.

The introduction of this new fee reflects a broader trend toward tightening of the parole process and an increase in application fees in general. It is important to know that if a person is approved for advance parole for any reason, like to visit a sick relative, that person may need to prove later on that they in fact visited that sick relative (pictures with the sick relative, hospital visitation logs, etc.). Otherwise, that trip on advance parole could be considered fraudulent by the government. Advance parole can cure the issue many have to adjust status in the United States, by making their last entry a lawful entry. One example of this is when a person marries a US Citizen. To be able to adjust status (obtain a green card) in the USA, most people need to prove that their last entry was a lawful entry. In this situation, if a person’s last entry was on advanced parole, then that entry was a lawful entry, and they could potentially adjust status in the USA.

Before traveling abroad, applicants should confirm that their advance parole has been fully approved and that they comply with the new $1,000 fee or any other new conditions. Consulting an experienced immigration attorney can help clarify eligibility, prevent unintentional abandonment of applications, and ensure compliance with the latest USCIS requirements. As immigration policy continues to evolve, staying informed about these developments can make all the difference in the advance parole process.