Tennessee reportará al ICE a niños inmigrantes con discapacidad que reciben atención médica pública, según defensores

(Tennessee Lookout) – Numerosos niños inmigrantes de bajos recursos que padecen enfermedades críticas podrían perder pronto el acceso a atención médica vital, después de que las autoridades de Tennessee ordenaran a los departamentos de salud pública verificar su estatus migratorio y reportarlo al gobierno federal, según el Tennessee Justice Center.

El Departamento de Salud de Tennessee está poniendo en la mira a Children’s Special Services (Servicios Especiales para Niños), un programa de seguro médico público de último recurso para niños con discapacidades y enfermedades potencialmente mortales, como cáncer, espina bífida y enfermedades terminales.

La semana pasada, la agencia estatal anunció que planeaba informar a las familias —tan pronto como esta misma semana— sobre una nueva política que exige la verificación del estatus migratorio como condición para mantener los beneficios, según Michele Johnson, directora ejecutiva del Tennessee Justice Center.

El programa, que se financia mediante una combinación de fondos federales y estatales, es administrado por departamentos de salud pública locales en todo Tennessee. Durante más de 50 años, ha atendido a niños con discapacidades graves que requieren atención continua y carecen de otro seguro, independientemente de su estatus migratorio.

En la región central de Tennessee, alrededor de 100 niños sin estatus migratorio legal corren el riesgo de perder su cobertura médica continua, según funcionarios del Departamento de Salud Pública de Metro (área metropolitana de Nashville).

No está claro cuántos niños podrían verse afectados a nivel estatal. El Departamento de Salud de Tennessee no respondió a las solicitudes de información o comentarios.

El programa solía asistir a jóvenes de hasta 21 años. A principios de este año, el departamento de salud estatal instruyó a las agencias locales de salud pública a dar de baja a cualquier persona de 18 años o más.

El Departamento de Salud de Metro Nashville dio de baja a siete jóvenes adultos del programa, pero para el mes pasado ya había encontrado alternativas para ellos, según declaró D’Yuanna Allen-Robb, directora de la División de Salud Materno-Infantil y Adolescente del departamento, durante una reunión de la junta de salud en mayo. Se desconoce cuántos se vieron afectados en todo el estado.

Los niños no cuentan con servicios alternativos de protección social similares en Tennessee.

El departamento no abordó lo que Johnson calificó como preguntas sin respuesta sobre el alcance de las verificaciones de estatus migratorio. No está claro si el estado planea dar de baja a los niños cuyas familias no puedan presentar pruebas de estatus migratorio legal o si los reportará a las autoridades de inmigración. El Departamento de Salud de Tennessee no respondió a las preguntas que buscaban aclarar la situación. Cualquiera de los dos escenarios podría poner en peligro la salud y el bienestar de niños con afecciones médicas graves quienes, junto con sus familias, podrían convertirse en blanco de las autoridades migratorias.

“Representa una enorme amenaza para la vida de los niños con discapacidades importantes y para las familias que no tienen los recursos para mantener a sus hijos”, afirmó la Dra. Morgan McDonald, miembro de la Junta de Salud de Metro Nashville, durante una reunión celebrada el 14 de mayo.

Entre los afectados se encuentra un niño de 10 años nacido con espina bífida, un trastorno congénito que lo obliga a usar silla de ruedas y requiere visitas casi mensuales al médico o a urgencias, según relata su madre, Gabriella. Ella pidió ser identificada únicamente por su nombre de pila, ya que teme que la familia pueda ser objeto de represalias por parte de las autoridades migratorias por alzar la voz, especialmente dado que tienen un caso de asilo pendiente.

La familia llegó a Estados Unidos cuando el niño tenía 3 años y, desde entonces, ha buscado atención médica para él a través del programa Children’s Special Services (Servicios Especiales para Niños).

El año pasado, cuando el niño perdió temporalmente la cobertura durante varios meses —por motivos que su madre dijo no comprender—, un grupo de apoyo formado por otras madres colaboró ​​para comprarle los suministros necesarios para su atención en casa. Sin embargo, ella describió la experiencia como angustiosa.

“Fue horrible en aquel entonces”, dijo Gabriella. “¿Y ahora? Esto nos deja indefensos y a la deriva”.

Gabriella comentó que a ella y a su esposo les faltan solo seis meses para conocer la decisión final sobre su solicitud de asilo. Le preocupa no solo perder el acceso vital de su hijo a la atención médica que lo mantiene con vida, sino también las consecuencias que podría tener para su caso el ser denunciados ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Si regresamos a Honduras, él no sobrevivirá”, afirmó Gabriella.

“Tenemos miedo. Ya sentíamos miedo antes de esto. Siento miedo todo el tiempo. Me da miedo salir. Me aterra que se lleven a mí sin mi hijo”. Mientras hablaba, no pudo contener las lágrimas.

La decisión del Departamento de Salud de exigir la declaración del estatus migratorio en el programa, tomada la semana pasada, provocó una carrera contrarreloj entre los defensores de la atención sanitaria, según señaló Johnson. Ya sea que la directriz del departamento exija notificar sobre inmigrantes sin estatus legal, dar de baja a personas del programa o ambas cosas, esta «debería ser revocada de inmediato por ser ilegal», afirmó el Tennessee Justice Center en una carta enviada el miércoles al Departamento de Salud del estado.

La carta, dirigida a Mary Katherine Bratton, asesora jurídica principal del Departamento de Salud de Tennessee, señala que la legislación recientemente aprobada en dicho estado —la cual exige verificar el estatus migratorio de quienes solicitan beneficios públicos— se aplica explícitamente solo a personas mayores de 18 años.

Según el Justice Center, la directriz también entra en conflicto con las normas federales emitidas el año pasado, las cuales limitan el acceso a beneficios públicos federales para personas que carecen de ciudadanía.

La carta indica que el programa Children’s Special Services (Servicios Especiales para Niños) se financia mediante una subvención en bloque para servicios de salud materno-infantil, la cual no está contemplada en dichas normas federales. El documento federal de 24 páginas, emitido en julio de 2025, incluye una lista de programas financiados por el gobierno federal que la administración Trump ahora clasifica como “beneficios públicos federales” inaccesibles para inmigrantes sin estatus legal; la subvención en bloque para servicios de salud materno-infantil no figura en esa lista.

Johnson afirmó que la directriz estatal deja a las familias sin “buenas opciones”.

“En este contexto, nos preocupa profundamente que nuestros clientes se vean obligados a poner en riesgo la vida de sus hijos”, declaró Johnson.

“Si se retiran del programa, es casi seguro que morirán por falta de la atención que necesitan”, señaló. “Si permanecen en el programa y el ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] viene a detenerlos a ellos y a sus hijos, es casi seguro que morirán, ya que no recibirán la atención médica necesaria en ‘Alligator Alcatraz’ ni en muchos otros lugares similares”. El término “Alligator Alcatraz” hace referencia a un centro de detención de inmigrantes situado en los Everglades de Florida.

Johnson explicó que su organización tiene previsto impugnar legalmente la directriz tan pronto como encuentren familias afectadas dispuestas a sumarse como demandantes. Sin embargo, reconoció que esto resulta difícil, ya que muchas personas temen convertirse en blanco de las autoridades migratorias federales si participan en una demanda.

English:

Tennessee to report disabled immigrant kids getting public healthcare to ICE, advocates say

(Tennessee Lookout) – Scores of low-income immigrant children living with critical illnesses could soon lose access to life-sustaining medical care after Tennessee officials directed public health departments to verify their immigration status and report to the federal government, according to the Tennessee Justice Center.

The Tennessee Department of Health is targeting Children’s Special Services, a last-resort public health insurance program for kids with disabilities and life-threatening illnesses, such as cancer, spina bifida and terminal diseases.

The state agency last week said it planned to inform families as soon as this week of a new policy requiring immigration status verification as a condition of continuing benefits, according to Michele Johnson, executive director of the Tennessee Justice Center.

The program, which relies on a combination of federal and state funding, is administered by local departments of public health across Tennessee. For more than 50 years, it has served children with severe disabilities who need ongoing care and have no other insurance, regardless of immigration status.

In Middle Tennessee, about 100 children without legal immigration status are at risk of losing ongoing medical coverage, according to Metro Department of Public Health officials.

How many children statewide could be impacted isn’t clear. The Tennessee Department of Health did not respond to requests for information or comment.

The program used to assist young people up to age 21. Earlier this year, the state health department directed local public health agencies to disenroll anyone 18 or older.

The Metro Nashville Health Department cut seven young adults from the program, but by last month had found alternatives for them, D’Yuanna Allen-Robb, director of the department’s Maternal Child and Adolescent Health Division said during a May health board meeting. It is unknown how many were impacted statewide.

Children do not have similar alternative safety net services in Tennessee.

The department did not address what Johnson said were unanswered questions about the scope of the immigration status checks. It is unclear whether the state plans to disenroll children whose families cannot provide proof of legal immigration status or report them to immigration officials. The Tennessee Department of Health did not respond to questions seeking clarity.

Either scenario could jeopardize the health and welfare of children with severe medical conditions who, along with their families, could become targets of immigration enforcement.

“It’s a huge threat to life for kids with significant disabilities and for families that can’t afford to support their kids,” Dr. Morgan McDonald, a member of the Metro Nashville Board of Health, said in a meeting on May 14.

Among those impacted is a 10-year-old boy who was born with spina bifida, a congenital disorder that confines him to a wheelchair and requires near-monthly trips to the doctor or emergency room, according to his mother, Gabriella. She asked only to be identified by her first name because she fears the family could be targeted by immigration officials for speaking out — especially given their pending asylum case.

The family arrived in the United States when the boy was 3 years old, and since then they’ve sought medical care for him through the Children’s Special Services program.

Last year, when he temporarily lost coverage for several months — for reasons his mother said she did not understand — a support group of fellow mothers pitched in to buy her in-home supplies. But the experience was agonizing, she said.

“It was horrible then,” Gabriella said. “Now? This leaves us defenseless and adrift.”

Gabriella said she and her husband are just six months away from a final decision on their asylum claim. She worries not only about losing her son’s lifeline to life-sustaining medical care but the consequences for their case if they are reported to Immigration and Customs Enforcement.

“If we go back to Honduras, he’s not going to make it,” Gabriella said.

“We are afraid. We were afraid before this. I’m afraid all the time. I’m afraid to go outside. I’m afraid they’ll take me without my kid.” She wept as she spoke.

The Department of Health’s decision to require immigration status reporting in the program last week forced a scramble among healthcare advocates, according to Johnson.

Whether the department’s directive requires reporting of immigrants without legal status, disenrollment or both, it “should be immediately rescinded as it is unlawful,” the Tennessee Justice Center said in a letter to the state’s Department of Health Wednesday.

The letter, sent to Mary Katherine Bratton, general counsel for the Tennessee Department of Health, notes that recently enacted Tennessee legislation requiring immigration verification of those seeking public benefits explicitly applies only to those 18 and older.

The directive also conflicts with federal guidance issued last year that limits federal public benefits to people without citizenship status, according to the Justice Center.

The Children’s Special Services program is funded through a Maternal and Child Health Services block grant, which is not included in the federal guidance, the letter said. The 24-page federal guidance, issued in July 2025, includes a list of federally funded programs that the Trump administration now includes in its definition of “federal public benefits” that are unavailable to immigrants without legal status. The Maternal and Child Health Services block grant is not included in the list.

Johnson said the directive from the state leaves families with “no good options.”

“We’re really concerned in this environment that our clients are having to risk their children’s lives,” Johnson said.

“If they withdraw from the program, they almost certainly will die without the care they need,” she said. “If they stay on the program, and ICE comes and gets them and their kids, they almost certainly will die because they don’t get the healthcare they need in Alligator Alcatraz or any number of other places.” Alligator Alcatraz refers to an immigrant detention facility in the Florida Everglades.

Johnson said her organization expected to file a legal challenge to the directive as soon as they find affected families willing to join as plaintiffs. But, she said, it’s challenging because so many people are afraid they will be targeted by federal immigration officials if they join a lawsuit.