Trump quiere quitar la ciudadanía estounidense a las personas

(Frager Law Firm) – Nuestra oficina se encuentra en el mismo edificio que la oficina de USCIS (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) de Memphis. Nuestros abogados asisten regularmente a las entrevistas de naturalización con nuestros clientes. El camino hacia la ciudadanía estadounidense es largo y muy restrictivo. Por esa razón, evaluamos cuidadosamente a los posibles solicitantes antes de aceptar representarlos. Entendemos de primera mano lo difícil que es cumplir con todos los requisitos legales necesarios para completar con éxito el proceso de naturalización. Por eso, dedicamos tiempo a cada posible solicitante de naturalización antes de que presente su solicitud y le ayudamos en el proceso de decisión sobre si está listo para comenzar el proceso.

Los solicitantes de naturalización son sometidos a un intenso escrutinio. USCIS examina años, a veces décadas de historial migratorio, registros laborales, viajes, declaraciones de impuestos, relaciones familiares y solicitudes de inmigración anteriores. Se les toman las huellas dactilares, se les entrevista, se les evalúa su dominio del inglés y sus conocimientos de civismo estadounidense, y se les interroga bajo juramento. Cualquier inconsistencia, omisión o error puede resultar en una denegación. Cometer fraude no es fácil, y es aún más difícil salirse con la suya durante este proceso.

A pesar de esta realidad, la administración Trump ha promovido la teoría de que un gran número de ciudadanos estadounidenses naturalizados obtuvieron su ciudadanía mediante fraude. Basándose en esa premisa, la administración amplió los esfuerzos para identificar a ciudadanos para una posible desnaturalización, despojando a las personas de su ciudadanía después de haberla obtenido.

La desnaturalización no es algo nuevo, pero históricamente se ha utilizado con moderación, generalmente en casos que involucran a criminales de guerra, graves amenazas a la seguridad nacional o fraude flagrante e intencional. Sin embargo, bajo la administración Trump, la desnaturalización se ha replanteado como una prioridad de aplicación de la ley en lugar de un último recurso. La administración ha anunciado iniciativas que ordenan a USCIS y al Departamento de Justicia que busquen activamente casos de desnaturalización, supuestamente utilizando objetivos numéricos que requieren que los funcionarios identifiquen a personas a las que despojar de su ciudadanía para cumplir con los objetivos de aplicación de la ley.

El problema con este enfoque no es simplemente un desacuerdo político; es el efecto paralizador que tiene en millones de ciudadanos naturalizados. Se supone que la ciudadanía estadounidense es permanente. Se supone que proporciona seguridad, estabilidad e igualdad ante la ley. Cuando el gobierno indica que la ciudadanía puede ser revisada y revocada mucho después de haber sido otorgada, esa promesa se ve socavada, particularmente cuando estos esfuerzos parecen estar impulsados ​​por una agenda antiinmigrante en lugar de por evidencia de fraude generalizado e ignorado sistemáticamente.

Al mismo tiempo, la administración Trump también está impulsando el fin de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La ciudadanía por nacimiento, garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, ha establecido durante mucho tiempo que casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento. Trump ha argumentado que esta protección no debería aplicarse a los hijos de ciertos no ciudadanos, a pesar de más de un siglo de interpretación constitucional en sentido contrario.

Los esfuerzos para limitar o eliminar la ciudadanía por nacimiento ya han provocado importantes desafíos legales y se espera que sean resueltos por la Corte Suprema de Estados Unidos. De tener éxito, este cambio alteraría fundamentalmente la definición de quién es considerado estadounidense y podría generar una gran incertidumbre para las familias, los niños y las generaciones futuras.

En conjunto, estas iniciativas señalan un esfuerzo más amplio para redefinir y restringir el significado de la ciudadanía estadounidense. La ciudadanía, ya sea obtenida por nacimiento o por naturalización, no debe ser condicional, provisional ni estar sujeta a prioridades políticas cambiantes. Los ciudadanos naturalizados son estadounidenses, y las políticas que los tratan como sospechosos de forma permanente amenazan no solo a las comunidades inmigrantes, sino también la integridad de la ciudadanía misma.

Dicho todo esto, nuestra oficina continúa brindando asistencia a nuestros clientes en el proceso de naturalización. Creemos que si una persona cumple con los requisitos para naturalizarse y convertirse en ciudadano estadounidense, no hay mejor momento que ahora para presentar la Solicitud de Naturalización N-400 e iniciar el proceso. Se espera que los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense se vuelvan aún más restrictivos a medida que avanza la administración Trump. Si cree que puede ser elegible para solicitar la naturalización, programe una cita con un abogado para que evalúe su elegibilidad. Según la ley actual, todavía es más difícil revocar la ciudadanía de una persona que quitarle su estatus de Residente Permanente Legal.

English:

Trump is wanting to take away people’s U.S. citizenship

(LPL) – Our office is in the same building as the Memphis USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) office. Our attorneys regularly attend naturalization interviews with our clients. The pathway to U.S. citizenship is long and highly restrictive. For that reason, we carefully screen potential applicants before agreeing to represent them. We understand firsthand how difficult it is to meet every legal requirement necessary to successfully complete the naturalization process. That is why we spend time with every potential naturalization applicant before they file their application and assist the person in the decision process on whether they are ready to start the process.

Naturalization applicants undergo intense scrutiny. USCIS examines years, sometimes decades of immigration history, employment records, travel, tax filings, family relationships, and prior immigration applications. Applicants are fingerprinted, interviewed, tested on English proficiency and U.S. civics, and questioned under oath. Any inconsistency, omission, or mistake can result in denial. Fraud is not easy to commit, and it is even harder to get away with during this process.

Despite this reality, the Trump administration has advanced the theory that large numbers of naturalized U.S. citizens obtained their citizenship through fraud. Based on that premise, the administration expanded efforts to identify citizens for potential denaturalization, stripping people of citizenship after it was granted.

Denaturalization is not new, but historically it has been used sparingly, typically in cases involving war criminals, serious national security threats, or egregious and intentional fraud. Under the Trump administration, however, denaturalization has been reframed as an enforcement priority rather than a last resort. The administration has announced initiatives directing USCIS and the Department of Justice to actively seek out denaturalization cases, reportedly using numerical targets that require officers to identify people to strip of citizenship in order to meet enforcement goals.

The problem with this approach is not merely a policy disagreement; it is the chilling effect it has on millions of naturalized citizens. U.S. citizenship is supposed to be permanent. It is supposed to provide security, stability, and equal standing under the law. When the government signals that citizenship can be revisited and revoked long after it is granted, that promise is undermined, particularly when these efforts appear driven by an anti-immigrant agenda rather than evidence of widespread, systematically ignored fraud.

At the same time, the Trump administration is also pushing to end birthright citizenship in the United States. Birthright citizenship, guaranteed by the 14th Amendment to the U.S. Constitution, has long provided that nearly all children born on U.S. soil are U.S. citizens at birth. Trump has argued that this protection should not apply to children born to certain non-citizens, despite more than a century of constitutional interpretation to the contrary.

Efforts to limit or eliminate birthright citizenship have already sparked significant legal challenges and are widely expected to be decided by the U.S. Supreme Court. If successful, such a change would fundamentally alter who is considered an American and could create widespread uncertainty for families, children, and future generations.

Taken together, these initiatives signal a broader effort to redefine and narrow the meaning of U.S. citizenship. Citizenship, whether obtained by birth or through naturalization, should not be conditional, provisional, or subject to shifting political priorities. Naturalized citizens are Americans, and policies that treat them as perpetually suspect threaten not only immigrant communities, but the integrity of citizenship itself.

All of this being said, our office continues to assist clients with the process of Naturalization. We believe that if an individual meets the requirements to naturalize and become a US Citizen, there is no better time than now to file the N-400 Application for Naturalization and start the process. The requirements to become a US Citizen are expected to only become more restrictive as the Trump Administration moves forward. If you feel like you may be eligible to file for Naturalization, make an appointment with an attorney and get screened for eligibility. Under current law, it is still more difficult to denaturalize an individual than it is to take away a person’s status of Lawful Permanent Residency.