Gobierno de Trump no se da por vencido e insiste en procesar a Kilmar Abrego García
(LPL) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una apelación luego de que un juez federal en
(LPL) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una apelación luego de que un juez federal en Tennessee desestimara los cargos de tráfico de personas presentados contra Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño cuyo caso ha atraído atención nacional por su deportación errónea y posterior regreso al país.
La decisión de apelar surge después de que el juez federal Waverly Crenshaw concluyera que la acusación estuvo marcada por una presunta persecución retaliatoria o “procesamiento vindictivo”. Según el fallo, el gobierno no logró demostrar que la investigación y los cargos habrían sido presentados de la misma manera si Abrego García no hubiera demandado al gobierno por su deportación a El Salvador.
Los cargos se derivaban de una parada de tráfico ocurrida en Tennessee en 2022, cuando Abrego García fue detenido mientras transportaba a varias personas en un vehículo. Sin embargo, la investigación fue retomada años después, luego de que el caso de su deportación cobrara notoriedad nacional. El juez determinó que existían suficientes indicios para presumir que la acusación estuvo influenciada por factores políticos, por lo que ordenó la desestimación del caso.
Tras el fallo, el Departamento de Justicia calificó la decisión como errónea y anunció que buscará revertirla ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito. Funcionarios federales sostienen que la acusación estaba respaldada por evidencia y rechazan que haya existido motivación política en el proceso.
Abrego García se convirtió en una figura central del debate migratorio después de haber sido deportado a El Salvador pese a una orden judicial previa que impedía su expulsión a ese país debido al riesgo de persecución. Posteriormente fue devuelto a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales que ahora han sido desestimados por el tribunal de Tennessee.
Mientras la apelación avanza en los tribunales federales, el caso continúa siendo observado de cerca por organizaciones defensoras de inmigrantes, autoridades federales y grupos que siguen de cerca las políticas migratorias de la administración Trump.
Trump administration persists in prosecuting Kilmar Abrego García
(LPL) – The U.S. Department of Justice has filed an appeal after a federal judge in Tennessee dismissed human smuggling charges against Kilmar Abrego García, a Salvadoran immigrant whose case has drawn national attention due to his erroneous deportation and subsequent return to the country.
The decision to appeal follows a ruling by Federal Judge Waverly Crenshaw, who concluded that the prosecution was tainted by alleged retaliatory persecution, or “vindictive prosecution.” According to the ruling, the government failed to demonstrate that the investigation and charges would have proceeded in the same manner had Abrego García not sued the government over his deportation to El Salvador.
The charges stemmed from a 2022 traffic stop in Tennessee, during which Abrego García was detained while transporting several people in a vehicle. However, the investigation was revived years later after his deportation case gained national prominence. The judge determined there was sufficient evidence to suggest the prosecution was influenced by political factors and ordered the case dismissed.
Following the ruling, the Department of Justice labeled the decision erroneous and announced plans to seek a reversal in the Sixth Circuit Court of Appeals. Federal officials maintain that the prosecution was supported by evidence and deny any political motivation behind the proceedings.
Abrego García became a central figure in the immigration debate after being deported to El Salvador, despite a prior court order barring his removal to that country due to the risk of persecution. He was subsequently brought back to the United States to face the federal charges that the Tennessee court has now dismissed.
As the appeal moves through the federal court system, the case continues to be closely monitored by immigrant advocacy organizations, federal authorities, and groups tracking the Trump administration’s immigration policies.










