¡Sigue la novela! Gobierno federal pide reabrir el caso penal contra Kilmar Ábrego García

(LPL) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a una corte federal que reconsidere la decisión de desestimar los cargos criminales contra Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño cuya deportación equivocada a El Salvador en 2025 generó una fuerte controversia nacional.

Los fiscales buscan que se reactiven los cargos por conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y transporte ilegal de inmigrantes, relacionados con una parada de tráfico ocurrida en Tennessee en 2022. Ábrego García se declaró no culpable de los cargos.

El caso está siendo seguido de cerca en Tennessee debido a que los cargos surgieron de aquella parada realizada por la Patrulla de Carreteras de Tennessee en el condado de Putnam. En ese momento, Ábrego García conducía un vehículo en el que viajaban otras nueve personas. El conductor fue detenido por exceso de velocidad, pero finalmente recibió una advertencia y pudo continuar su viaje.

Los fiscales federales sostienen ahora que posteriormente surgieron nuevas pruebas que respaldan las acusaciones de transporte de personas. Entre ellas mencionan entrevistas con personas que, según el gobierno, vinculan a Ábrego García con una operación de tráfico de inmigrantes. El Departamento de Justicia argumenta que el juez se excedió al determinar que la acusación tenía un carácter vengativo.

La situación dio un giro importante después de que Ábrego García fuera deportado por error a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de que existía una orden migratoria que impedía su expulsión a ese país. Posteriormente fue trasladado de regreso a Estados Unidos tras una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema.

Una vez de vuelta en Estados Unidos, enfrentó los cargos federales relacionados con la parada de tráfico de 2022. Sus abogados argumentaron que el proceso penal era una represalia por haber cuestionado legalmente su deportación.

En mayo de este año, el juez federal de Nashville Waverly D. Crenshaw Jr. desestimó el caso después de concluir que existían evidencias de que la acusación podía haber sido producto de una persecución vengativa. El juez también señaló anteriormente que algunos documentos sugerían que la decisión de procesar a Ábrego García pudo haber involucrado a varios funcionarios del Departamento de Justicia, y no únicamente al fiscal que llevó el caso.

Ahora será una corte de apelaciones la que deberá evaluar la petición del gobierno. Mientras tanto, Ábrego García continúa defendiendo su inocencia y sus abogados sostienen que los cargos fueron presentados como consecuencia de la disputa sobre su deportación.

El caso vuelve a poner a Tennessee en el centro de una batalla legal que combina inmigración, política y el poder del gobierno federal para presentar cargos criminales, después de que una parada de tráfico ocurrida hace cuatro años terminara convirtiéndose en uno de los casos migratorios más controvertidos de la administración Trump.

English:

The saga continues! Federal government seeks to reopen criminal case against Kilmar Ábrego García

(LPL) – The U.S. Department of Justice has asked a federal court to reconsider the decision to dismiss criminal charges against Kilmar Ábrego García, the Salvadoran immigrant whose erroneous deportation to El Salvador in 2025 sparked significant national controversy.

Prosecutors are seeking to reinstate charges of conspiracy to transport undocumented immigrants and the illegal transport of immigrants, stemming from a 2022 traffic stop in Tennessee. Ábrego García has pleaded not guilty to the charges.

The case is being closely watched in Tennessee because the charges arose from a stop conducted by the Tennessee Highway Patrol in Putnam County. At the time, Ábrego García was driving a vehicle carrying nine other people. He was pulled over for speeding but ultimately received only a warning and was allowed to continue his journey.

Federal prosecutors now maintain that new evidence has emerged supporting the human-transportation allegations. They cite interviews with individuals who, according to the government, link Ábrego García to an immigrant-smuggling operation. The Department of Justice argues that the judge overstepped by ruling that the prosecution was vindictive in nature.

The situation took a major turn after Ábrego García was mistakenly deported to El Salvador in March 2025, despite an existing immigration order barring his removal to that country. He was subsequently brought back to the United States following a legal battle that reached the Supreme Court.

Upon his return to the U.S., he faced federal charges related to the 2022 traffic stop. His attorneys argued that the criminal prosecution was retaliation for his legal challenge against his deportation. In May of this year, Nashville federal judge Waverly D. Crenshaw Jr. dismissed the case after concluding there was evidence suggesting the prosecution might have stemmed from vindictive motives. The judge had previously noted that certain documents indicated the decision to prosecute Ábrego García may have involved multiple Department of Justice officials, rather than just the prosecutor handling the case.

An appeals court will now evaluate the government’s request. Meanwhile, Ábrego García maintains his innocence, and his lawyers argue that the charges were brought as a result of the dispute over his deportation.

The case once again places Tennessee at the center of a legal battle involving immigration, politics, and the federal government’s authority to bring criminal charges—stemming from a traffic stop four years ago that evolved into one of the Trump administration’s most controversial immigration cases.